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Creemos que “educar” es transformar a la persona para desplegar sus potencialidades que le permitan desarrollarse a sí mismo en su propio proyecto personal de vida, así como vivir en sociedad, de la mano de dos actores principales: la familia, primer y principal agente educador por naturaleza, y el Estado, que se materializa en el sistema educativo. 

El sistema educativo argentino tiende a una estructura más o menos unificada, la diversidad política, económica, geográfica, social y cultural de las diferentes provincias es muy alta. Históricamente fue pobremente financiado por las provincias, si bien es asistido por el gobierno nacional. Consecuentemente, los índices de cantidad y calidad son alarmantes, y podrían indicar que la escuela se presenta como un trayecto obligatorio, pero sin sentido alguno para sus alumnos. Además, se observa una preocupante politización de la educación, incluso sin la adhesión de los padres. 

Una sociedad “rica” no es simplemente aquella con un alto PBI per cápita, sino una sociedad cuyas personas son ricas en valores, virtudes, conocimientos. 

Es por eso que la educación debe brindar herramientas para el progreso personal y social que, junto con la posibilidad del acceso al trabajo formal, le permitan al ciudadano planificar un proyecto de vida digno, alejado de los problemas que generan la pobreza y la falta de empleo.

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Entendemos la política como la construcción del bien común, centrado en garantizar los derechos humanos fundamentales de todos, y de la eficaz obtención de los medios para dicho fin. 

En nuestro país, la principal herramienta para esa construcción es nuestra Constitución Nacional, que sostiene la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Estas tres características están hoy en crisis: políticos alejados de la realidad del pueblo argentino, corrupción en todos los niveles, e intervención nacional arbitraria en competencias provinciales. 

Creemos en la convivencia pacífica entre los sectores de la sociedad, aceptando las diferencias y respetando el derecho a la libre expresión y la profesión de los diferentes cultos. Reafirmamos la defensa de los derechos humanos fundamentales, previstos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales, centrándonos especialmente en los sectores más vulnerables. En primer lugar, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.  Sostenemos que el aborto no es la solución a los problemas de desigualdad económica, social, de acceso a la salud, o de embarazos no planificados de las mujeres, y queremos proponer alternativas y políticas públicas que cuiden a las embarazadas y a los niños, especialmente a los más vulnerables, y los que esperan una adopción que les restituya su pertenencia a una familia. También es necesario ocuparnos de los adultos mayores, mejorar el sistema previsional para que pueda gozar de un retiro de la vida activa digno. También sostenemos el derecho al trabajo, base para una vida en dignidad. La educación y la ética del mérito, del esfuerzo y del desarrollo profesional deben ser la herramienta fundamental para combatir la pobreza.

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Tenemos un sincero compromiso con la justicia, como manera de concebir el bien común político. Para eso, es necesario recuperar una ética de la función judicial que restaure el correcto lugar de los magistrados en la comunidad, que no es el de un grupo de funcionarios que al amparo de variados privilegios, interpreta las normas bajo la única guía de su posicionamiento ideológico personal, socavando la seguridad jurídica que necesita de una sociedad con certezas.

Creemos que hay distintos aspectos que impiden el desempeño eficaz de la justicia: el aumento de las demandas, la mala organización de la estructura judicial, la ausencia de confianza, la falta de inmediatez, la dilación y la ineficiencia general, agravada por el número cada vez mayor de jueces sin formación o faltos de credibilidad por asociación a causas de corrupción, la carencia de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, entre otras.

En cuanto a la seguridad, la concebimos como un objetivo social complejo, que se alcanza con una gran cantidad y variedad de medidas, entre las cuales emergen como las más relevantes la concordia y la paz social y la existencia de lugares donde los jóvenes puedan ser incluídos y no caigan en la delincuencia; pero también influye, en menor medida, la eficacia en la represión del delito.

Todas estas cuestiones son partes integrantes del bien común político, que es un bien de todos, humano y completo, y que requiere de la justicia y la seguridad para su concreción. Y es por eso que queremos rescatarlas y colocarlas en el centro del escenario político, siendo conscientes que desde allí, fundados en nuestra identidad nacional, podemos intentar recuperar la unidad moral de los argentinos, de donde surge la concordia política y la amistad social.

Estamos convencidos que la pobreza, como fenómeno multidimensional y que trasciende lo económico, es el principal desafío de la Argentina, y creemos que solo es posible erradicarla si se la aborda de una manera integral, garantizando a todos las mismas oportunidades a partir de las cuales desarrollar su potencial y empoderar a cada uno para ser artífice de su propio destino.

Los problemas que arrastramos sólo pueden ser resueltos a través de una reforma estructural. Necesitamos debatir acerca del tipo de país que queremos ser y encontrar una estabilidad macroeconómica que ponga a nuestro país en el mismo sendero de crecimiento y desarrollo de los países que progresan. Para ello hay que fomentar el ahorro y la inversión productiva para integrarnos de manera inteligente al mundo. Se requieren políticas específicas, con programas sostenidos en el tiempo, como lo ameritan los proyectos que generan crecimiento y equidad.

Como ciudadanos no podemos mirar a otro lado cuando se observan todas estas problemáticas. Somos nosotros los que tenemos que generar los mecanismos para supervisar correctamente a nuestros representantes, mientras contribuimos a la promoción de la educación y del trabajo como salida de la pobreza. Necesitamos no sólo buenos gobernantes, sino un verdadero cambio cultural que ponga en el centro a los ciudadanos excluidos, con un respeto y cuidado real de la ecología y el medioambiente. Es responsabilidad de todos promover la solidaridad y la justicia para con los más vulnerables, especialmente con los niños y ancianos.

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